Hace unos días se aprobaba en México una reforma que afectará a la industria del videojuego así como a todos los gamers del país (en concreto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes). Entre otras cosas, estos cambios cuentan con importantes sanciones a aquellas personas que no exhiban la clasificación del juego en la portada, o por la venta de los mismos a menores, como si se tratase de alcohol o tabaco.

De esta manera, los comerciantes estarán obligados a exigir a las personas que pretendan comprar videojuegos, que acrediten su mayoría de edad.

No todos están de acuerdo con la nueva ley

Puede que esto represente un progreso para que menores de edad no puedan conseguir fácilmente juegos violentos, pero según varios expertos del Foro Internacional del Juego, DEVHR, colaboradores de la academía y Miembros de la industria del software de entretenimiento interactivo, esos cambios podrían influir a otros aspectos más allá de la violencia, como a la hora de determinar la clasificación de los videojuegos.

El grupo informa que esta ley “puede poner en riesgo los derechos digitales de la sociedad mexicana, entorpecer el desarrollo de la industria local y poner en riesgo la inversión extranjera de este sector en nuestro país”.

Por otra parte, también señalan que “el uso del término ‘Videojuego’ en la ley crea una ambigüedad legal en la que solo algunos sectores del mercado se verían doblemente afectados y otros seguirían en incertidumbre jurídica”.

Con esto, el grupo espera que la iniciativa vuelva al ejecutivo para que realicen los cambios necesarios, y así evitar “poner a México en una situación de desventaja en cuanto a Medios Digitales y Tecnologías de la Información y la Comunicación”.

Teniendo en cuenta que México es el país latinoamericano en el que más videojuegos se consumen y uno de los principales mercados en el sector (¡cómo no!), se trata de un tema mayor que no debe pasar desapercibido.